«El segmento dedicado a la seguridad no deparó sorpresa alguna. Como una obra dramática en varios actos, cada uno de los candidatos recitó su papel.

Los dos extremos del espectro, Nicolás Del Caño y Gómez Centurión, se limitaron a un reduccionismo de las tensiones que atraviesan el complejísimo problema de la seguridad: el candidato de izquierda redujo la problemática a la violencia institucional, al genocidio de la Dictadura y a la llamada despectivamente “doctrina Chocobar”. Y a combatir la trata y el “entramado corrupto y mafioso donde están involucrados policías y políticos». El discurso propositivo fue políticamente correcto: construir escuelas y mantener la edad de imputabilidad. Y el joven progresista propuso dejar de perseguir a los autocultivadores de marihuana, la que sería legalizada. Y extrañamente, insistieron, sin nombrarla, con la supuesta responsabilidad de la ministra de Seguridad en las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Llama la atención que la izquierda que está del lado de los trabajadores y los sectores más humildes, se desentienda de su mayor problema que es la violencia que viven a diario en sus barrios. El mayor índice de criminalidad lo sufren las personas con menos recursos; proponer menos persecución del delito y más escuelas es una lectura poco realista y pragmática para los tiempos que corren. El romanticismo no nos protege de la muerte en mano de homicidas y esto es irrefutable.

En el otro extremo del espectro mencionado, Gómez Centurión mantuvo su discurso de héroe de Malvinas, y redujo la problemática del delito al narcotráfico, para lo cual propuso blindar las fronteras con el 100 por ciento del país radarizado. Su discurso propositivo fue cuidar la seguridad interna con el capital humano y técnico, y crear una agencia contra el crimen organizado. Pues “esa guerra (contra el narco) hay que ganarla caiga quien caiga». Finalmente, propuso rubros no remunerativos a fuerzas de seguridad y erradicar los cortes de puentes, de rutas y de calles, porque “el orden público debe volver a ser un valor como en cualquier país organizado”.

En lo que concierne a las intervenciones de Roberto Lavagna, en una velada alusión a la ministra Patricia Bullrich mencionó que no admitiría el gatillo fácil ni la mano dura. Pero para no ser asimilado al abolicionismo, admitió que tampoco se trata de ejercer una mano flácida, fofa. Como en el mundo desarrollado, “mano firme para defender a los nuestros”. Y preservó su compostura “políticamente correcta” cuando mencionó los delitos de género, aduciendo que quien los comete es un delincuente y debe ser penalizado con todo el peso de la ley. Muchos fueron denunciados y nadie actuó: ¿acaso de debe deducir de esta especificación que los otros delitos contra la vida no son cometidos por delincuentes y no debe ser penalizado con toda la fuerza de la ley? La omisión de los otros delitos es más que significativa. Con tal de seguir la corriente, prefirió no correr riesgos de ir más allá del consenso alcanzado en la condena de la violencia de género.»