La Constitución reformada incorpora en su artículo 31 los derechos de las víctimas de delitos. Esta norma fue impulsada por el Convencional Lisandro Enrico, y apoyada por Araceli Calamante, quien asistió a la Convención Constituyente en su calidad de miembro de Usina de Justicia y profesora de Derecho Penal I y Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Rosario.