La pandemia de COVID-19 trajo consigo decisiones drásticas en todos los ámbitos, pero pocas generaron tanta controversia y debate como la liberación masiva de presos en la provincia de Buenos Aires. En el centro de esa tormenta se encuentra el juez de Casación bonaerense, Víctor Violini, cuya firma en un hábeas corpus colectivo en abril de 2020 permitió la salida de miles de detenidos. Años después, la discusión sigue abierta: ¿fue un acto necesario para evitar una catástrofe sanitaria en las cárceles o una medida que alimentó la inseguridad y la impunidad?

El Argumento: Evitar el Colapso Sanitario

El contexto era de incertidumbre y temor. Las superpobladas cárceles bonaerenses eran vistas como una bomba de tiempo ante la rápida propagación del coronavirus. Bajo el argumento del riesgo sanitario, el juez Violini dio luz verde a la liberación de miles de reclusos, una medida que fue presentada como un gesto humanitario para proteger la vida de la población carcelaria.

Las Consecuencias: Crímenes que Dolieron a la Sociedad

Sin embargo, la crítica central que expone la nota es que las consecuencias de esta decisión fueron trágicas y, en muchos casos, fatales. La medida es calificada como un «festival de liberaciones» que no distinguió adecuadamente la peligrosidad de los beneficiados.

El caso más emblemático que se recuerda es el de Leandro Suárez, uno de los presos liberados por esta medida, quien meses después asesinó al kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía. Este y otros crímenes cometidos por reclusos liberados durante la pandemia se convirtieron en el rostro más doloroso de la decisión judicial, generando una fuerte indignación social y poniendo en tela de juicio la responsabilidad del sistema judicial.

El Debate de Fondo: El «Garantismo» en el Banquillo

Más allá del hecho puntual, el artículo apunta a una crítica más profunda contra una corriente ideológica dentro de la justicia conocida como «garantismo». Según esta perspectiva, se acusa a ciertos jueces de priorizar de manera desmedida los derechos de los delincuentes por sobre los de las víctimas y la seguridad del resto de la sociedad.

La decisión de Violini es presentada como un ejemplo paradigmático de esta filosofía, donde el temor a una crisis sanitaria en las cárceles habría pesado más que el riesgo real que muchos de los liberados representaban para la comunidad. Para los críticos, no fue una medida sanitaria, sino una decisión ideológica con consecuencias nefastas, dejando una profunda sensación de impunidad y desprotección en la ciudadanía.