La reciente ola de crímenes violentos, como los casos de Rita Suárez y Esmeralda Bustamante, ha vuelto a poner la inseguridad en el centro de la agenda pública. En este contexto, el oficialismo impulsa tres proyectos de ley cruciales que, por falta de consenso político, corren el serio riesgo de quedar en la nada si no se aprueban antes del 10 de diciembre, fecha en que cambia la composición del Congreso.

A continuación, te explicamos de qué se trata cada una de estas iniciativas y por qué su futuro es incierto.

1. Baja de la Edad de Imputabilidad

Este es, quizás, el debate más antiguo y divisivo. Impulsado por casos trágicos como el asesinato de la pequeña Kim Gómez, en el que uno de los detenidos tiene 14 años, el proyecto busca bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

• A favor: Quienes apoyan la medida, como el diputado Gabriel Chumpitaz, argumentan que es un paso inmediato y necesario para frenar la participación de menores en delitos graves, aunque reconocen que no es una «solución mágica» y debe ir acompañada de políticas de educación y contención.
• En contra: Sectores de la oposición, como el diputado Rodolfo Tailhade, la consideran una medida «irresponsable» que hará colapsar los institutos de menores sin resolver el problema de fondo. Advierten que, sin presupuesto ni una reforma integral, los jóvenes saldrán «peor».
• La visión de las víctimas: Asociaciones como Usina de Justicia critican el proyecto por considerarlo demasiado «blando», ya que deja en manos del juez la posibilidad de aplicar sanciones leves, como amonestaciones, para delitos graves.

2. Penas más Severas para «Motochorros»

El delito cometido por «motochorros» se ha multiplicado y se ha vuelto una de las modalidades más violentas y temidas en las calles. Las estadísticas no mienten: mientras el delito en general bajó en la Ciudad de Buenos Aires, los robos de motochorros crecieron un 29% en 2024.

El proyecto busca endurecer las condenas para los delitos cometidos utilizando motocicletas u otros vehículos. Desde el oficialismo sostienen que el marco legal actual, que puede resultar en penas de solo un mes de prisión, es insostenible y no responde a la gravedad de la amenaza.

3. Ampliación de la Legítima Defensa y Cumplimiento del Deber

Tras varios casos de alto perfil que involucraron a ciudadanos y policías que se defendieron de ataques, se impulsa una reforma al Código Penal para ampliar los alcances de la legítima defensa y el cumplimiento del deber.

Los puntos clave de la iniciativa son:

• No será punible quien se defienda ante una irrupción en su domicilio, incluso si el agresor ya está huyendo, siempre que el riesgo se considere razonable.
• En caso de duda, la interpretación de la justicia deberá favorecer siempre al imputado (la persona que se defendió o el agente de seguridad).
• Se incorpora un nuevo delito: la alteración de la escena del crimen por parte de un funcionario público, con penas de hasta 12 años de prisión.

Sin embargo, algunos sectores de la oposición alertan que esta reforma podría abrir la puerta a un abuso de la fuerza por parte del Estado y legalizar casos de «gatillo fácil».

Una Carrera Contra el Reloj

La diputada oficialista Laura Rodríguez Machado lo resume así: «Tenemos tres temas aprobados importantes, pero todavía no logramos tener consenso para meterlo en el recinto». El oficialismo acusa a la oposición de bloquear el debate en un año electoral.

La fecha límite es el 10 de diciembre. Si estos tres proyectos no logran al menos la media sanción en la Cámara de Diputados, todo el trabajo legislativo realizado se perderá y deberán comenzar de cero el próximo año. Mientras tanto, la inseguridad sigue golpeando y la sociedad espera respuestas urgentes. El reloj avanza y el tiempo para el consenso político se agota.