Joaquín Sperani tenía 13 años y vivía en Laboulaye, una ciudad de la provincia de Córdoba que quedó marcada para siempre por su trágica muerte. Era un estudiante del colegio IPEM Nº 278 «Malvinas Argentinas» y jugador de fútbol en una liga local. Su vida fue brutalmente arrebatada el 29 de junio de 2023, en un crimen que conmocionó al país por sus características: fue asesinado por su mejor amigo, un compañero de escuela de tan solo 14 años, con quien se había criado y compartía su día a día.

El jueves 29 de junio de 2023, Joaquín salió de su casa en bicicleta hacia la escuela, como cualquier otro día. Dejó su bicicleta en el patio del colegio, pero nunca ingresó al aula. Las cámaras de seguridad registraron sus últimos momentos con vida: se lo ve caminando junto a su amigo, alejándose de la institución. Este lo condujo, bajo engaño, a una casa abandonada ubicada a pocos metros de la escuela, un lugar que los chicos del barrio solían frecuentar.

El autor del crimen, un adolescente de 14 años, fue rápidamente identificado como el principal sospechoso al encontrarse en su poder el teléfono celular de Joaquín. Al ser interrogado, confesó el asesinato. En su declaración, sostuvo que «no tuvo la intención de matarlo», una afirmación que contrasta brutalmente con la saña del ataque y el uso de un arma contundente.

El caso de Joaquín Sperani expone de manera cruda los límites y vacíos del Régimen Penal Juvenil en Argentina. Debido a que el autor tenía 14 años al momento del crimen, es considerado inimputable por la ley. Tras un breve período de encierro preventivo en el Complejo Esperanza en Córdoba, fue liberado y restituido a sus padres, quienes tuvieron que mudarse de Laboulaye. Para la ley, no puede ser sometido a un juicio penal ni recibir una condena, lo que genera una profunda sensación de desamparo e injusticia en la familia de la víctima.

Los padres de Joaquín están convencidos de que el homicidio fue premeditado y que el amigo de su hijo no actuó solo, sospechando la participación de un cómplice. Además, iniciaron y ganaron una demanda contra la provincia por la responsabilidad del Estado, a través de la escuela, que no advirtió la ausencia de Joaquín ni activó ningún protocolo de seguridad. La investigación también reveló un dato escalofriante: en un oso de peluche del asesino se encontró una nota que sugería la posibilidad de un segundo ataque a otra víctima, lo que refuerza la idea de premeditación.

La familia Sperani vive un calvario. Sus padres, Mariela y Martín, han expresado públicamente su dolor y su frustración. Relataron que Joaquín sufría bullying en la escuela y que, días antes de su muerte, había manifestado su cansancio por el acoso, diciendo: «Mamá, estoy cansado de que esos guachos me molesten». Su madre denuncia la negligencia de la escuela, que nunca les notificó que su hijo no estaba en clase a pesar de que su bicicleta permanecía en el patio. La liberación del asesino confeso es una herida abierta. «La Justicia está tomando decisiones que no son correctas», expresó Mariela, quien siente que no habrá justicia para su hijo.

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