Para los que avizoran sanciones para el Estado argentino por aplicar perpetuas reales, no nominales, sería dable esperar que citasen puntualmente la normativa que está siendo violentada, dado que ni la Corte Suprema ni quien suscribe hallan tal prohibición. De otro modo, no son más que intentos por inquietar a un Poder Judicial y a un Poder Legislativo que al menos en este tópico están procurando cumplir con su misión: afianzar la Justicia.