Vivimos un proceso de degradación de la Justicia en las últimas décadas, que se ve plasmado en las encuestas de opinión pública: el Poder Judicial proyecta la más baja aceptación social entre las instituciones del Estado (seguido de inmediato por Congreso Nacional) Falta de credibilidad y percepción de corrupción generalizada.
Así y todo, Argentina cuenta con La Ley Nacional de Víctimas 27372; la Ley 15232 de la Provincia de Buenos Aires reglamentada en Diciembre 2020, que incluye defensor público gratuito. Jurisdicciones como Buenos Aires, CABA, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Córdoba, Misiones han dictado leyes provinciales de protección a las víctimas o adaptaron el código procesal.
Pero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de “víctima”? ¿Nos referimos únicamente a la persona asesinada? Justamente esta legislación amplía la cobertura de derechos a familiares y allegados de la misma, integrando así una perspectiva inclusiva que comprende el dolor y las consecuencias de toda índole que significa la pérdida de un ser querido en un hecho violento.
Sin embargo, lo que puede parecer evidente: asegurar justicia a las víctimas sobrevivientes de una víctima de homicidio o femicidio y que el homicida o femicida cumpla su pena, en la Argentina no está del todo garantizado ya que se viene asentando con el correr de los años un sesgo ideológico jurídico que prioriza al delincuente y abandona a la víctima sobreviviente. A las claras el resultado es la impunidad del homicida o femicida.
Se profundiza la injusticia y alarga aún más el proceso de duelo de los familiares de la persona asesinada. Duelo que, por la naturaleza del hecho, reviste características distintivas de una pérdida de otra índole.
Han colaborado en esta actividad:
Pedro Pablo Benítez: Director Creativo.
Marcela Dal Verme: Psicoanalista entrevistadora y Miembro de Usina de Justicia.
Elena Rud Colaboradora en Gestión de RRHH y Miembro de Usina de Justicia.
Raquel Slotolow: Abogada y colaboradora en acompañamiento a víctimas. Miembro de Usina de Justicia.
Mariana Romano Abogada colaboradora.