Desde la ONG Usina de Justicia acompañamos a familiares de víctimas de homicidios y femicidios en el doloroso camino de la búsqueda de una Justicia justa. En esa búsqueda infructuosa, observamos el desequilibrio en la balanza de los derechos de los condenados o imputados detenidos con prisión preventiva, por una parte, y los derechos humanos de las víctimas, por la otra. Entre algunos retrocesos en materia penal, se cuece -en forma sigilosa y exenta de la debida publicidad- un nuevo proyecto de modificación de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad N° 24.660, pese a que dicha norma ya fue reformada hace menos de un lustro. Una vez más, observamos que, en el proyecto en curso, numerosas decisiones sobre los reclusos recaen indirectamente en la conculcación de los derechos de las víctimas, las que continúan invisibilizadas.