«La sola invocación de las garantías constitucionales resuena como una suerte de mantra ante el que solo cabe el silencio. Pero se olvida que las garantías son resguardos, protecciones o defensas que preservan el orden de justicia, cuyo beneficiario es ante todo la comunidad y sus miembros, incluidos quienes violaron la ley. Pero no sólo ellos.

Todo hacía pensar que el nuevo gobierno profundizaría la ampliación de derechos y garantías constitucionales ganados en la administración anterior. Uno de los avances legislativos -sancionada por unanimidad en julio de 2017- fue la ley 27. 372, conocida como “Ley de Víctimas”, en virtud de la cual las personas víctimas de delitos gozan del derecho a participar en todas las dimensiones del Sistema Penal, el cual comprende la acción sistémica de las fuerzas de seguridad, jueces, ministerio público fiscal y de la defensa, auxiliares de la justicia (abogados, peritos, etc.) y el servicio penitenciario.»