La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que preside Pedro Guastavino (Justicialista) realizó este martes la segunda reunión informativa sobre el nuevo Código Penal, dedicada a la parte general del cuerpo normativo, la cual el oficialismo aspira a consensuar antes de las elecciones de octubre.

El primero en exponer en el Salón Eva Perón de la Cámara alta fue el abogado Maximiliano Rusconi, quien criticó el proyecto del Poder Ejecutivo y consideró que “el problema principal de la Argentina no pasa por la discusión” de esta norma.

“No creo que el problema principal de la Argentina pase por la discusión de este Código”, planteó Rusconi, quien se desempeñó como abogado defensor del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del empresario Lázaro Báez; y de Diego Lagomarsino, asesor informático del fallecido fiscal Alberto Nisman.

El letrado sostuvo: “Una reforma de esta envergadura necesita llevarse bien con el momento, necesita estar acorde con lo que pasa en el país. Es un momento de enorme división, donde las instituciones no están a la altura de los diferentes bandos ideológicos. Es un momento donde las urgencias, en este escenario de dificultad, pasan por otro lado”.

Rusconi consideró un error creer que “el problema del derecho penal lo tiene el Código Penal”, al señalar que “el derecho penal está en crisis porque ha perdido total capacidad investigativa, o nunca la ha tenido”.

Otra de las disertantes de la reunión fue la exdiputada nacional Diana Conti, quien acusó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de “vulnerar todas las garantías penales” con la “doctrina Chocobar”, que debe su nombre al policía que mató a un ladrón por la espalda para defender a un turista.

Conti advirtió que Bullrich “levantó la bandera de la vulneración de todas las garantías penales, tanto en su rol como legisladora como en su rol de ministra”.

Asimismo, la exlegisladora pidió incorporar al Código Penal “una cláusula expresa que diga que la prisión preventiva como pena anticipada es una prohibición que debe estar vigente de modo permanente”.

Conti dedicó la mayor parte de su exposición a hablar en calidad de integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y alertó sobre el estado “paupérrimo” de las cárceles en la actualidad.

En otro orden, pidió “que el Código Penal atienda la delincuencia grave”. “Los delitos pequeños e insignificantes no deben estar conminamos con penas en nuestro Código”, opinó, y propuso generar “escalas penales flexibles” para que “quienes violaron la ley penal puedan arrepentirse, reconocer su error y encontrar un proyecto de vida en libertad”.

Hacia el final de su participación, pidió “dar instrumentos para que la prisión domiciliaria sea una medida alternativa durante el proceso”.

A su turno expuso Ana D’Alessio, quien fue jueza subrogante del TOF 2 de Capital Federal durante el juicio por la tragedia de Once.

D’Alessio destacó que el proyecto de Código Penal “ha tomado datos de la realidad, porque hay normas que recogen lo que ha sido doctrina del Poder Judicial y que han determinado ciertos consensos”.

“Destaco del proyecto que las medidas tienen obligatoriamente controles periódicos. El magistrado tiene que revisar si continúa siendo racional la respuesta estatal a aquello que dictaminó en algún momento”, consideró la actual jueza de cámara ante el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego.

Carolina Robiglio, jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, opinó que “el proyecto de reforma ha sido abarcativo y ha previsto las distintas situaciones en la aplicabilidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”.

“La redacción del proyecto nos va a permitir aplicar adecuadamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas considerando las enormes diferencias en las empresas: desde las que toleran la comisión de un delito hasta las que son pantalla para un delito”, señaló Robiglio.

Por su parte, Alejandro David, doctor en Derecho Penal y docente de la Universidad Austral, sostuvo que “en un código penal no es conveniente adoptar definiciones dogmáticas. La sabiduría de un código penal es contener textos que no incluyan definiciones limitantes, sino que permitan adaptarlas a las distintas épocas”.

La última expositora fue la filósofa Diana Cohen Agrest, madre de Ezequiel Agrest, un estudiante que fue asesinado en 2011 durante un robo.

Cohen Agrest subrayó que “el Código Penal no puede presentar ambigüedades”, ya que “los ciudadanos estamos hartos de las interpretaciones que algunos magistrados realizan aún del texto más claro”.

“Los argentinos necesitamos protección, y este no es el modo. Vivimos en realidades diferentes”, advirtió, y habló a título personal: “El asesino de mi hijo tenía nueve condenas previas, incluso por robo agravado con arma de guerra, y estaba libre, y lo mató en el primer mes de estar libre. ¿Quién es el culpable? ¿Es el asesino o son los jueces de Morón que lo dejaron libre? Para mi, los jueces de Morón son los culpables”.

“Este proyecto contempla que aun aquel que tiene un enorme prontuario sea beneficiado con la libertad condicional, que fue el caso del asesino de mi hijo. El proyecto nace obsoleto si se lo compara con otras legislaciones”, concluyó la madre de la víctima.

Fuente: http://www.parlamentario.com/noticia-120174.html