Sandra Arroyo Salgado en el foro de Usina de Justicia

«Hablo desde el doble rol en el que estoy: como operadora de la Justicia y como mamá de Kala y Iara Nisman, las víctimas más afectadas por esta situación que vivimos desde enero de 2015 y que no deseamos que otros pasen. Nuestras hijas no estuvieron al margen de las amenazas ni de las custodias, pero nunca imaginamos este final«, dijo la jueza al abrir su exposición sobre «La situación de las víctimas ante la Justicia». Lo hizo ante una nutrida asistencia conformada por especialistas en leyes y familiares de víctimas de delitos agrupados en el foro Usina de Justicia  que se reúne mensualmente para evaluar y debatir esta problemática desde diferentes ángulos-.

Tomando posición en este tema, Arroyo Salgado dijo: «Cuando accedí al cargo de juez traté siempre de tener presente cómo impactaba cada una de mis decisiones sobre las personas destinatarias de esa decisión, pero esa visión era sesgada, porque era desde el lugar del imputado de un delito. Hoy lo traigo porque desde ese lugar también pude vivenciar, a partir de la actuación en el fuero criminal, el lugar de la persona que había sufrido la comisión de ese delito, es decir, pude ver cómo con mi trabajo como Defensora Oficial también afectaba a otras personas en las que impactaban esas decisiones. Desde allí asumí que la parte olvidada en el proceso es la víctima, el convidado de piedra, que es a quien el Estado ya le falló porque si está ahí es porque el Estado no pudo protegerlo.El Estado está en falta con la víctima».

Luego de repasar la legislación nacional e internacional acerca del lugar de la víctima, «que es poca y que no se cumple», sostuvo y criticó «aquellos casos en los que se le dan al imputado de un delito ciertos beneficios, privilegios y garantías que a la víctima se le niegan». En ese tono remarcó la necesidad de contar con un órgano centralizado que se ocupe de la representación de esas víctimas durante el proceso. «Siempre hay víctimas individuales y concretas que no se pueden seguir desatendiendo», reclamó y subrayó: «Desde lo que vivimos hice mucha autocrítica y sentí que debía atreverme a participar de estos espacios para darle un ejemplo a mis hijas: que esto tan negativo que nos pasó, y que fue tan doloroso, se pueda transformar en algo positivo, para que otras personas no tengan que pasar por esta situación».

Al referirse a la muerte del fiscal Nisman, remarcó: «El hecho, que entiendo probado en el expediente de homicidio, y —como dije en otros ámbitos— magnicidio,porque en el contexto en que sucedió fue una muerte política que impactó de lleno en la institucionalidad de nuestro país en un año electoral y fue altamente politizado«. Al mismo tiempo, sostuvo que siempre que los crímenes conmueven a la sociedad, sin dudas, «impactan en la política y condicionan el quehacer judicial». «Por eso –siguió diciendo-, me parece importante que la deuda del Estado con las víctimas sea trabajada y que se llegue a implementar un organismo estatal que tenga por función representar a esa víctima directa o a su familia porque hoy hay ausencia del Estado a la hora de hacerlo», criticó y enumeró los derechos de que gozan las víctimas; entre ellos, destacó el de ser oído (reconocido en los pactos internacionales): «El derecho a ser oído no significa solamente peticionar, sino el derecho a que esa petición sea atendida, considerada y que se le dé una respuesta concreta. En la gran generalidad de los procesos judiciales eso no ocurre».

En la continuidad de esa reflexión, señaló que «es más que importante que el Estado implemente un órgano que tenga como función primera la representación de las víctimas de los hechos delictivos. Hoy solo provee un servicio de asistencia que está en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, la Oficina de Querella, que es insuficiente, porque solo funciona en Capital Federal y tiene ocho integrantes, es promiscua, porque la función natural de la defensa pública es la defensa del imputado, no de la víctima, y es selectiva porque está prevista solamente para quienes no tienen recursos y no pueden procurar asistencia letrada. Para mí fue difícil encontrar quien nos represente despojado de otros intereses«.

La magistrada contó las circunstancias por las que pasó desde que se inició la causa que investiga la muerte de su ex marido, Alberto Nisman, y que penosamente la llevó a poner sus pies en la otra vereda de la Justicia. Insistió, en este punto, en la necesidad de «crear un organismo interdisciplinario integrado por profesionales que contextualicen la realidad de los familiares que acaban de perder a un ser querido y a los que se les reclama el aporte de pruebas, desatendiendo el estado en que esas personas se encuentran. Que exista ese organismo es obligación del Estado».

Y no dejó pasar la oportunidad de señalar las críticas a Viviana Fein: «Debí haber recusado a la fiscal cuando en la primera aparición pública dijo que en las manos de Nisman no había pólvora. Desde el principio supe que este hecho debía ser investigado por la Justicia Federal porque existiendo la simple duda, por la función que él tenía, por el contexto en el que se dio y porque existía una mínima duda de lo que pasó era competencia de la Justicia Federal, pero quise ser prudente porque no se qué hubiera ocurrido con esa investigación durante el año en que estaba en juego el proyecto de poder en sí mismo. El año pasado quise que se trabaje con seriedad, tranquilidad y las mejores herramientas, pero no podía dejar pasar situaciones que eran directamente comisión de delito, falta de objetividad en la investigación. En un principio confié en la Justicia Criminal de Instrucción porque son los más idóneos en este tipo de muertes. Ahora espero que este espíritu investigativo, aparentemente objetivo y despojado de otro interés político sea el punto de partida hacia el lugar que debe ocupar un poder judicial independiente. Pero lo miro con prudencia. Solo se trata de que hagan las cosas bien».

Scroll Up