Medios y Entrevistas

Columna de Diario Clarín

02 de julio de 2020

 El 21 de junio se cumplieron 3 años de la sanción de la Ley 27.372, conocida como Ley de Víctimas. Esta nueva normativa dio por primera vez, voz y protagonismo a las Personas Víctimas de Delitos, facultándolas para intervenir activamente en los procesos penales y para contar con una amplia asistencia jurídica, y obligando a los jueces a notificarlas y escucharlas antes de decidir la libertad del acusado o antes de modificar sus condiciones de detención (como, por ejemplo, antes de conceder la prisión domiciliaria del agresor). Fruto de su sanción son el Observatorio de la Víctima, hoy en el ámbito del Congreso Nacional, y el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID) creado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Con mucho esfuerzo, el Observatorio de Víctimas de Delitos Nacional y el Observatorio similar recientemente creado en el ámbito local de Ciudad de Buenos Aires, permiten la participación directa de Víctimas y de Asociaciones de Víctimas, para monitorear las políticas públicas.

Aunque celebramos este verdadero hito histórico en la legislación de nuestro país, muchos de los derechos y garantías proclamados en la norma mencionada todavía son una mera declaración retórica. El rol del CENAVID se resume en una magra intervención únicamente en Juzgados Federales, que no intervienen en los delitos que más afectan a las personas (como robos, abusos sexuales y homicidios comunes) y nunca se han designado a los Defensores Públicos de las Víctimas, ya que el Congreso no nombró ni a uno de los 24 puestos creados para todo el país, con lo que las víctimas siguen sin posibilidades concretas de contar con asistencia jurídica gratuita por parte del Estado.

Aunque en el texto de la ley “se invita” a las provincias a readecuar sus leyes para hacer efectivos los nuevos derechos y garantías, por ser una ley “Nacional”, no resulta “obligatoria” en todo el país y muy pocas jurisdicciones (como Chaco y CABA) la incluyeron en su legislación. El territorio del país que sufre el 80 por ciento de todos los delitos, la provincia de Buenos Aires, sigue siendo aún un lugar donde no rige la Ley 27.372. La Cámara de Casación de esa provincia fue la que, con la firma del juez Víctor Violini, autorizó el mes pasado la liberación masiva de detenidos, sin notificar ni escuchar previamente a las víctimas de los delitos cometidos por esos detenidos.

Recientemente, la Asociación Civil Usina de Justicia, que congrega a familiares de personas víctimas de homicidio y femicidio, intervino ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En un acto sin precedentes, solicitó la anulación de la resolución del Dr. Violini, la cual finalmente fue revocada. Pero, si se logró amparar los derechos de las Personas Víctimas de Delitos frente a esa decisión, no fue por la aplicación directa de la nueva Ley, sino por la exigencia de la aplicación de las “garantías judiciales” previstas en las Declaraciones Internacionales y en los Convenios de Derechos Humanos más emblemáticos de nuestra región: la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder de las Naciones Unidas y las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que establecieron para las víctimas el “derecho a ser oídas”.

Ya llevamos 3 años de vigencia de la “nueva” Ley y más de 35 años desde que el Pacto de San José de Costa Rica y la Declaración para las Víctimas de la ONU son Ley en nuestra Nación. Lamentablemente, pese al tiempo transcurrido, los “nuevos derechos” sancionados siguen siendo una “muy buena intención” en gran parte del país. Ya es hora de que las legislaturas provinciales -y fundamentalmente la de la provincia de Buenos Aires-, se decidan a incorporar la Ley de Víctimas en sus territorios.

Aún queda muchísimo por hacer para afianzar el avance en el cambio cultural que ya está empezando en Argentina y esperemos en todo nuestro continente, encaminado a equiparar los derechos de las víctimas con los de los imputados. Porque los Derechos Humanos son para todas las personas y, por lo tanto, también lo son para las personas víctimas de delitos.


Fernando Soto, abogado, miembro de la Asociación Civil Usina de Justicia.