El sistema de seguridad pública, basado en una legislación penal y procesal aceptable, está integrado sobre tres pilares: el judicial penal, la fuerza policial o de enforzamiento de la ley, y el servicio carcelario. Cada uno de ellos y su funcionamiento gravitan sobre el delito.

Cuando el sistema funciona, el servicio policial previene más delitos de los que investiga cuando ya fueron cometidos. El sistema judicial pena al violador de la norma y el servicio penitenciario trata de encausar al penado para que, idealmente, cuando vuelva a la sociedad, no cometa más delitos.

Ya he descrito antes cómo el servicio policial argentino, al menos el de las grandes urbes, no sólo no previene, sino que no investiga el alto delito cometido. El sistema judicial trabaja sólo con el delito in fraganti (lo demás queda impune, cerca del 90%). Asimismo, en estos pocos casos, merced a antiguas teorías abolicionistas, trata de “salvar” al criminal de la cárcel; por supuesto, con ello nos hace convivir o sobrevivir en un verdadero penal abierto a los ciudadanos que no vivimos del delito.

Hoy el tema es el último eslabón del sistema criminal, el sistema carcelario. El sistema argentino, con altas tasas de reincidencia, parece abandonar al ocio degenerativo y sin ningún tratamiento a sus escasos delincuentes condenados; incluso fuerza, antes de que cumplan sus condenas, mucho antes, su liberación anticipada con base en informes muchas veces emitidos a causa de cohecho. Receta ideal para la reincidencia y la retroalimentación del sistema criminal.

El tratamiento del recluso debe empezar en la prisión, no cuando egresa de ella, puesto que, en nuestro país, todas las salidas anticipadas carecen de órgano de control y seguimiento, como, por ejemplo, los parole officers del sistema norteamericano.

La ley nacional 24660 establece correctamente, aunque no se aplique, que el trabajo del condenado es un derecho y un deber. Es su derecho a la rehabilitación y, a la vez, su deber trabajar para así promover su manutención. Si bien se establece que no se coaccionará al interno a trabajar, no hacerlo constituye una falta.

La infraestructura carcelaria argentina, salvo excepciones, es obsoleta y sus establecimientos se hallan en ruinas y superpoblados. Ello no debe ser excusa para liberar delincuentes. Al contrario, debe provocar en las autoridades un urgente plan de construcción carcelaria.

Los Estados Unidos tuvieron el mismo problema (algunos estados de la unión todavía lo tienen). El comienzo de los nuevos planes de seguridad comunitarios, en los noventa, llevó a que, al haber menos criminales en la calle, se produjera la lógica necesidad de más camas carcelarias. Hasta la década del ochenta prevalecía el sistema de warehousing, o sea, archivar al preso y esperar.

Luego, la idea evolucionó y se comenzó a pensar que, ya que el delincuente había causado un daño a su sociedad, al menos mediante su trabajo intracarcelario podría dejar de hacerlo económicamente, para que la sociedad, que paga sus impuestos, no se vea sobrecargada con los gastos de encierro de los delincuentes, calculados en unos tres mil dólares por mes, por interno.

El sistema federal norteamericano de prisiones tiene enrolados aproximadamente al 17% de sus internos en programas laborales, que ya producen el 100% de la indumentaria militar, cascos, chalecos antibalas, el 98% del ensamblado de equipos electrónicos militares y otros. Cada interno produce unos 39 mil dólares anuales.

En el ámbito de los estados, para sus programas laborales, 37 de los 50 contratan a compañías privadas, las que instalan sus operaciones dentro de las cárceles para su producción general, abonan salario mínimo o menos como incentivo para hacerlo.

¿Quiénes ya están enrolados? Motorola, Boeing, Microsoft, Hewlett Packard y otras empresas de primera línea. Quien alguna vez haya hecho una reserva para alojarse en la cadena de moteles Best Western seguramente haya sido atendido por una reclusa del centro de reservas de una cárcel de Arizona.

¿El estado que mejor funciona? Sin dudas, Oregón, donde, a enero de 2010, estaban enrolados el 88% de los presos en programas laborales. Las cárceles de Oregón producen todo tipo de servicio o producto que podamos imaginar.

En California, en cambio, la legislación “patriótica” pasada obligó a que los presos sólo produjeran bienes para el estado; ningún privado puede hacer uso de su mano de obra. Resultado: sólo el 3% de los presos enrolados, por cuanto los únicos que han montado compañías en cárceles son los proveedores autorizados por el estado. Un fracaso.

Algo importante: el preso, cuando sale, queda empleado, de así quererlo, en las mismas compañías que lo empleaban en encierro. Así, la rehabilitación se produce en encierro.

¿Qué sucede con el dinero que genera el preso? Primero, se pagan los gastos de estadía; segundo, se destina a pagos por daños a víctimas y, tercero, a pagos a su familia, de tenerla. Por último, al fondo para cuando egrese.

Y quien no trabaja no sale anticipadamente, cumple hasta el último día de su condena. La elección es de ellos.

¿Se puede hacer algo así en Argentina? La legislación lo contempla. Hay que construir ya cárceles modernas y, adelantando opinión, propongo que sean privadas (materia de una próxima columna), por cuanto han demostrado ser más eficientes y sin la corrupción estructural que hoy domina a las estatales, para luego establecer los convenios operacionales laborales.

No imagino algo productivo funcionando en las cárceles actuales de nuestro país.

El autor es abogado, PhD en Justicia Criminal, ex fiscal en lo Criminal. Es integrante de Usina de Justicia.